Son las 11 de la mañana de un martes cualquiera. La puerta se abre y de un lado estamos los que venimos a hacer esta nota; del otro están los representantes del Ministerio de Justicia que manda el Gobierno Nacional a la Asociación Civil Madres del Dolor situada en Fray Justo Sarmiento al 320. Solo una puerta nos separa. A otro costado, diferentes personas están esperando su turno para ingresar y contar el porqué están allí. Les dedican 7 horas para asesorar a los familiares que perdieron a sus seres queridos en accidentes de tránsito, violencia institucional, secuestros, trata de personas, entre otros temas.

Unos metros más adelante, en una oficina apartada del resto ya nos espera la entrevistada: Isabel Yaconis. Ella es la actual tesorera de una ONG que se financia de diferentes donaciones que realiza cada tres meses un colegio privado donde fue docente Viviam Perrone, un padre de la institución, gente conocida por las propias madres, un policía maratonista y, en alguna ocasión, diferentes empresas hacen sus aportes. Los nombres se mantienen en la reserva de los libros contables. A partir del 2020, será la presidente de la organización en reemplazo de Silvia Irigaray, madre de Maximiliano Tasca uno de los chicos fallecidos en la Masacre de Floresta. Aunque ellas mismas aceptan que el cargo es lo de menos. Una cuestión nominal que le tocó ser a Perrone, cayó en Irigaray y ahora será ella.

Nota a Silvia Irigaray: https://manoamano.video.blog/2019/11/05/irigaray-seria-bueno-cerrar-la-asociacion-porque-habria-terminado-la-violencia/

Sin embargo, de ellas 3 fue la única que no pudo tener al asesino de su hija entre las rejas ni un mínimo periodo de tiempo.

El 21 de abril de 2003, Lucila Yaconis era brutalmente asesinada a los 16 años por un desconocido que, como no pudo violarla, la mató a metros del Ferrocarril Mitre. «Ándate tranquilo, negro, que estoy con mi novia», llegó a decirle esa persona a un empleado de una empresa de ascensores que había visto movimiento raros y salió afuera para ver pasaba, pero al oír esas palabras se alejó. Minutos más tarde, fue quien alertó que vio un cuerpo que terminó siendo el de Lucila. Solo hubo un indicio del violador, pero los restos de semen encontrados nunca se pudieron cotejar con el verdadero asesino. 

“Descubrí que de eso no se hablaba en el año 2003. Mi desesperación fue muy grande.  Yo preguntaba si no se podía cotejar el ADN o si había un registro de violadores y se me reían en la cara. Mientras que en Estados Unidos y Europa se manejaban con registros de ADN de la década del ´80, acá estábamos en el año 2003”, dice Isabel y agrega que no pudo “diferenciar que fue más fuerte si el dolor de la pérdida o la impotencia de no poder haber hecho nada para que no sucediera”.

Sin embargo, ese registro demoró 10 años en aprobarse en la Cámara de Diputados y del Senado. 10 años. En medio de las primeras marchas que se desarrollaban bajo la consigna Ni Una Menos para que no sigan matando mujeres, la ley acelera su aprobación el 3 de julio del 2013 con 211 votos a favor y uno en contra. Esas cifras pueden llegar a engañar y preguntarse ¿Cómo se tardó una década en aprobar una ley que, supuestamente, fue votada casi por unanimidad? 

“Empecé la lucha en el 2006 y tuvo tanta resistencia en el Congreso porque decían que era “estigmatizar al delincuente sexual”. Decían que, para eso, hagamos el ADN a toda la población carcelaria. ¿Por qué nada más que a los violadores?, preguntaban. Si lo aprobaba la Cámara de Diputados, pasaba a la Cámara de Senadores y los Senadores lo pateaban. Empecé la lucha en el 2006. El primer diputado que me dio la razón que faltaba eso fue Miguel Ángel Pichetto. Él tenía la idea de ese registro hace décadas. Conocí mucha gente que estaba a favor y había gente que me decía que estaba bien, pero me daba vuelta y se oponía”, cuenta la madre de Lucila que recuerda cómo fue a ver junto a las otras madres a Eugenio Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le dijo que se podían poner a los alumnos de la Universidad de Buenos Aires para que trabajaran en esto, pero nada prosperó. Hasta el día de hoy, piensa que el abogado defensor de Axel López en el juicio político que acusó a ese juez de liberar violadores sin mirar los exámenes médicos ni su historial porque no tenía tiempo estaba en contra de ese Registro.

Sin embargo, con la ley aprobada llegó otro momento complicado y que se extendió un tiempo más: la reglamentación. Allí, los resortes del Estado aparecieron en su máxima dimensión para utilizar la mentira como método de persuasión. “Nos llamaron de Presidencia y nos mintieron para que nos quedáramos tranquilas. En el 2016, tenemos nuestra primera reunión con el ministro de Justicia, Germán Garavano, y le pregunte como estaba el registro y nos contestó que no se había reglamentado. Llamó a la gente que tenía alrededor y me dijeron que nos iban a averiguar si había algún capital ingresado. Un día me llaman y me dicen que no había nada. Me agarró una desesperación”, expresa Yaconis sobre esa ley que fue encontrada en un cajón del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En ese momento tuvo un absoluto apoyo del Estado Nacional para que la ley sea reglamentada de una vez por todas. 

Hoy en día, el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual fue implementado en julio del 2016 y tuvo la colaboración del Federal Bureau of Investigation (FBI) para traer la misma tecnología que se usa en los Estados Unidos. Su director es Jorge Dotto y Yaconis suele visitar las instalaciones para ver cómo trabajan. “Espero que con el cambio de gobierno esto siga”, reza.

Con el paso de los años, han cambiado ostensiblemente los estereotipos generados en la violación. De la culpa a ser escuchadas en un tema que no se hablaba hacía más de 15 años. “La víctima sentía vergüenza y se sentía culpable de lo que había pasado. Si iban a la comisaría, lo más probable era que no le creyeran, pero no estaban capacitados” explica Yaconis y recuerda la importancia de la creación del programa “Las víctimas contra las violencias” en el 2006 para que cualquier víctima que haya sufrido un delito sexual en la calle pueda ir a un hospital que pueda ayudar a una víctima de abuso. Algo que, increíblemente, no estaban capacitados y el Hospital Álvarez, el Pirovano y el Fernández fueron de los primeros que estuvieron dentro de este programa.

El asesinato de su hija Lucila fue un punto de inflexión para generar estos avances en los delitos sexuales que se ven en el presente. En cada marcha que reclamaba por justicia, lo hacía acompañada de varias madres de diferentes puntos de Buenos Aires y de todo el país que se acercaban para dar su apoyo al caso como Silvia Irigaray y Elvira Torres -madres de Maximiliano Tasca y Cristián Gómez, ambos asesinados en un caso de gatillo fácil conocido como la Masacre de Floresta-, Viviam Perrone -su hijo Kevin Sedano fue atropellado por un auto conducido por Eduardo Sukiassian, que solo fue preso menos de tres meses de los tres años de prisión efectiva a los que fue condenado para que cumpla su condena en la casa. Estas madres son sólo algunas de las que, el 10 de diciembre del 2004, crearon la Asociación Civil Madres del Dolor. A pesar que ellas querían ser las Madres del Amor.

“Cuando se eligió el nombre, nosotras queríamos ser las Madres del Amor, pero los periodistas cuando nos veían llegar decían que ahí venían las Madres del Dolor y nos decían que éramos eso”, cuenta Yaconis sobre una Asociación que nació por iniciativa del presidente Néstor Kirchner y hoy, casi 15 años después, le dio un motivo para vivir.

¿Qué significó la Asociación para vos en tu vida?

“Creo que hubiera muerto de dolor dentro de mi casa. No le pasa este proceso a todas las personas. Aprendí una palabra nueva, que es resiliencia, que es el poder de salir de eventos traumáticos, que te vas a levantar mil veces, no te vas a dejar vencer. No todo el mundo lo puede hacer. Algunos sí, otros no. Nosotras nos conocimos en la calle, en mis marchas, todos los lunes a las siete de la tarde caminaba las ocho cuadras que había caminado Lucila buscando testigos haber si alguien había visto algo. Ahí se empezaron a enganchar las mamas”.

Esa marcha despertó el deseo de hacer justicia y ayudar a familiares que pasan por las mismas situaciones que ellas, pero la vida continúa fuera de la Asociación. Yaconis va todos los martes y los jueves, pero aclara que si alguna de sus dos nietas tendría fiebre ella no estaría allí. Lo primero es la familia. Además de Lucila, su otra hija es Analia de 38 años y fuera de la Asociación va los lunes, miércoles y viernes a una casa de muebles ubicada entre Avenida Cabildo y Guayra llamada “Mediterranee”. Allí se ocupa de labores administrativas entre las 9 y las 12:30. 

En cada momento que puede recuerda a Lucila, pero prefiere no ir al cementerio. De vez en cuando, va con su nieta a la plaza que lleva el nombre de su hija y que está ubicada entre la Avenida Comodoro Martín Rivadavia, 3 de febrero y Paroissien. Mientras tanto, el asesino de su hija sigue libre. Un asesino que no espera encontrar.

¿Seguis teniendo esperanza de encontrar al asesino?
“No, pero de esta muerte tiene que quedar algo. Si yo tuviera la frustración de no tener el registro, el sufrimiento se hubiera duplicado, asimile y me hice la idea de que no lo iba a encontrar, entonces yo pensé en que no haya más lucilas. Que vean que no es tan fácil lograr la impunidad. No sentimos el paso del tiempo. Creo que el estar activa nos hace bien y no queremos, sabemos dónde está cada una todo el tiempo, eso nos da la fuerza”.

Foto: Luciano Thieberger